Enrique Arnaldo Alcubilla Blog Personal

Cuarta entrada del Artículo de Enrique Arnaldo Alcubilla

Aqui os presentamos la cuarta entrada del artículo de Enrique Arnaldo, dondenos sigue hablando sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad y policía. Un saludo.

 

IV. CONSIDERACIÓN ESPECIAL DEL ARTÍCULO 92 DE LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL
1. Otra mención importante que se contiene en la LOREG al papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía, entre las que —reiteramos— se integran las Policías Locales, en el proceso electoral se encuentra en el artículo 92 que dispone que: «Las fuerzas de policía destinadas a proteger los locales de las secciones prestarán al presidente de la mesa, dentro y fuera de los locales, el auxilio que éste requiera».


Este precepto es tradicional en nuestro derecho electoral histórico. Así la Ley Electoral de 1870 decía que: «Los presidentes de las mesas electorales tendrán a su disposición los agentes municipales que consideren necesario para conservar el orden y hacer respetar su autoridad». En términos similares la Ley Electoral de 1878 disponía que: «Llas autoridades locales podrán asistir a los colegios electorales y prestarán dentro y fuera de los mismos los auxilios que el presidente de la mesa les pida y no otros». «En ningún caso la fuerza de cualquier instituto militar podrá estar a la puerta del colegio electoral, ni menos podrá penetrar en éste sino en caso de perturbación del proceso y a requerimientos del presidente». En términos prácticamente idénticos —aunque sin esta referencia última— la Ley Maura de 1907, que pervivió hasta el Real Decreto-Ley de 1977 de normas electorales.
También el Derecho electoral comparado ofrece soluciones similares. Así el artículo 109 del Código Electoral belga dispone que las «autoridades civiles y los mandos militares» están obligadas a obedecer los requerimientos del Presidente de la mesa electoral.
También el artículo 49 del Código Electoral francés, según el cual «el Presidente de la mesa electoral ostenta la exclusiva autoridad policial sobre la sala de votación. Las autoridades civiles y mandos militares se abstendrán de actuar si no es a su requerimiento». Por su parte el artículo 44 de la Ley Electoral italiana determina que: «El Presidente de la sección (mesa) es el encargado de ejercer las funciones de policía; puede disponer de los agentes de la fuerza pública y de la fuerza armada para expulsar o arrestar a cualquier que perturbe el normal procedimiento de las operaciones electorales o cometa delito. La fuerza no puede, si no es a requerimiento de su Presidente, entrar en la sala de votaciones. Pero en caso de tumultos o desórdenes en la sala o en las inmediaciones de la misma, los oficiales de la policía judicial pueden, aun sin el requerimiento del presidente, pero no contra su oposición, entrar en la sala electoral y hacerse asistir a la fuerza. El presidente puede, de forma excepcional, a su iniciativa y cuando lo soliciten tres escrutadores, disponer que la fuerza entre y permanezca en la sala electoral con anterioridad a que comiencen las operaciones electorales. La autoridad civil y los mandos militares han de cumplir los requerimientos del presidente a fin de asegurar preventivamente el libre acceso de los electores al local electoral y también para impedir los disturbios incluso en las calles adyacentes. Cuando existan justificados temores a que pueda alterarse el proceso normal de las operaciones electorales, el presidente puede motivadamente disponer que los electores que hayan votado salgan de la sala y no vuelvan a entrar si no es después de la clausura de la votación. También puede disponer que los electores que de forma engañosa demoren las elecciones o no respondan a la invitación de entregar la papeleta y sean readmitidos a votar solamente después que hayan votado los otros electores presentes. De todo ello se hará mención en el acta». El artículo 94 de la Ley Electoral portuguesa prohíbe la presencia de fuerzas armadas en los locales electorales y en un radio de cien metros. Si fuera necesario consecuencia de algún tumulto o de cualquier agresión o violencia física bien en el colegio electoral bien en sus inmediaciones, el presidente de la mesa puede, consultada ésta, requerir la presencia de la fuerza armada, si es posible por escrito y, en caso de imposibilidad, haciendo mención en el acta las razones del requerimiento y el tiempo de permanencia de la fuerza armada. No obstante la Ley portuguesa admite la propia iniciativa del comandante de la fuerza armadas cuando éste tenga indicios seguros de que se ejerce sobre los miembros de la mesa coacción física o psíquica que impida al Presidente realizar sus funciones puede intervenir por propia iniciativa «para asegurar la regularidad del proceso electoral, debiendo retirarse una vez que por el presidente o quien le sustituya se le requiera en tal sentido o cuando se verifique que su presencia ya no es necesaria». En este supuesto, y en el anterior, se suspenderá la votación hasta que se recupere la normalidad. Por otra parte se prevé que el comandante debidamente acreditado —o su delegado— puede visitar, «desarmado y por tiempo máximo de 10 minutos, el colegio electoral, a fin de establecer contacto con el Presidente de la mesa o quien le sustituya».
2. Tras este breve repaso de nuestro Derecho histórico y del Derecho comparado podemos retomar nuestro análisis del artículo 92 (LA LEY 1596/1985) LOREG, a cuyo efecto debemos partir del precepto anterior, el artículo 91.1 (LA LEY 1596/1985), según el cual al presidente de la Mesa electoral corresponde la conservación del orden dentro del local electoral a fin de asegurar el respeto de los valores superiores que rigen el acto de votación: la libertad de los electores y la observancia de la ley. Debe velar, en particular, por la conservación de la entrada al local siempre libre y accesible para las personas que tienen derecho a entrar en él, y por evitar la entrada en el mismo con armas o instrumentos susceptibles de utilizarse como tales. Por otro lado, y conforme al artículo 93 (LA LEY 1596/1985) LOREG, el presidente ha de tomar las medidas para evitar que «en los locales de las Secciones y sus inmediaciones se realicen actos de propaganda … o se formen grupos que, de cualquier manera, entorpezcan el acceso a los locales o dificulten o coaccionen el libre ejercicio del derecho de voto». A este efecto conviene recordar el rigor con el que la Junta Electoral Central ha exigido el cumplimiento del principio de limpieza del desarrollo del acto de votación, evitando cualesquiera coacciones o intimidaciones de los encuestadores contratados para preguntar a los electores el sentido de su voto a la salida del colegio. Ha sentado el criterio de que no es posible preguntar a los electores sobre el sentido del voto dentro de los colegios electorales y en sus inmediaciones, entendiéndose por inmediaciones de éstos los espacios físicos donde se encuentran personas para ejercer el derecho de sufragio (Acuerdos de 18 y 20 de junio de 1986, 26 de mayo de 1991, 27 de febrero de 1996 o 15 de marzo de 1999), es decir, las colas o filas de electores.
En definitiva, las mesas electorales —y en su nombre el presidente— velan, como parte que son de la Administración Electoral, por el «principio de transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad», (artículo 8 (LA LEY 1596/1985) LOREG) y, en consecuencia, han de asegurar el libre y pacífico ejercicio del derecho de sufragio electoral» que ha de conservar el presidente en el local y accesos, conforme al Acuerdo de 15 de junio de 1977 de la Junta Electoral Central. En el ejercicio de dicha autoridad, exclusiva y personal, del Presidente de la mesa no puede ser sustituido ni siquiera por la Junta Electoral de Zona (Acuerdo de la Junta Electoral Central de 4 de junio de 1993).
Ahora bien, lógicamente ello no implica que el presidente haya de mantener el orden con sus propios medios. Necesita del auxilio o colaboración de las fuerzas de policía, que actúan en tal tarea por orden del Presidente y siguiendo sus instrucciones.
Por tanto, en el ámbito de las competencias del presidente de la mesa electoral —local y accesos e inmediaciones— las fuerzas de policía, cualquiera que sea su carácter o la naturaleza del instituto a que pertenezcan, dejan de actuar vinculadas funcional y jerárquicamente a sus superiores ordinarios para hacerlo al presidente de la mesa. De este modo, en principio, se excluye la actuación por propia iniciativa de las fuerzas de policía en los locales e inmediaciones; se necesita el previo requerimiento del presidente de la mesa, requerimiento que puede hacer de su propia iniciativa o como consecuencia de la puesta en conocimiento del mismo de determinados hechos por la propia fuerza policial. No obstante, cabe excepcionalmente la actuación de propia fuerza policial. No obstante, cabe excepcionalmente la actuación de propia iniciativa de ésta en los, casos de inaplazable o urgente necesidad o en los de actuación ordinaria, es decir, no vinculada al orden público electoral.
En el supuesto de que haya varios presidentes de mesa en un colegio electoral, si cada mesa está en una habitación, el presidente tiene autoridad plena sobre la misma y la entrada. Respecto a los exteriores e inmediaciones cualquiera de los presidentes puede pedir el auxilio de las Fuerzas de Policía. En el caso de que las órdenes sean contradictorias o contaran con la oposición de alguno de los presidentes, ha de sugerirse aclaración e intentar el acuerdo entre los mismos o, en su caso, poner los hechos en conocimiento de la Junta Electoral de Zona para que ésta resuelva.
3. Por lo demás, se plantean problemas en relación con la prohibición de realizar actividad propagandística en los locales electorales e inmediaciones o aledaños de los colegios electorales. El fundamento de la prohibición se encuentra —a tenor del citado acuerdo de la Junta Electoral Central de 13 de junio de 1977— en la necesidad de evitar la coacción o intimidación por los electores. Corresponde al presidente de la mesa, conforme a su criterio, ponderar las circunstancias en cada caso y en su virtud acordar, con el auxilio de las fuerzas policiales, que se retiren los carteles electorales, o cualquier forma de expresión de propaganda, o que se disuelvan los que puedan entorpecer el libre y pacífico ejercicio del sufragio, por ejemplo, mediante la colocación de mesas para la recogida de firmas o la instalación de centros de información o cualesquiera otras concentraciones, que carecen de cobertura legal y producen disfunciones en el correcto desarrollo del proceso electoral. La Circular de 25 de mayo de 2003, de la Junta Electoral Central resume su doctrina en la materia:

  • 1.º. Esta Junta Electoral Central tiene reiteradamente acordado que los interventores y apoderados de las distintas candidaturas sólo podrán ostentar emblemas o símbolos que permitan su identificación por aquellos electores que necesiten la asistencia de dichos interventores o apoderados para alguna actuación electoral, estando prohibida el día de la elección, la utilización por los mismos de leyendas, símbolos, emblemas o lemas que, directa o indirectamente, puedan ser constitutivos de propaganda electoral.
  • 2.º. Los miembros de las mesas electorales no podrán portar o utilizar leyendas, símbolos, emblemas o lemas que directa o indirectamente puedan ser constitutivos de propaganda electoral.
  • 3.º. Lo previsto en los dos apartados anteriores no es de aplicación a los electores, en tanto en cuanto no incurran en la realización de actos que impliquen propaganda electoral a favor o en contra de alguna candidatura.
  • 4.º. Los Presidentes de las mesas electorales velarán por que los Colegios electorales y sus inmediaciones estén libres de carteles o símbolos que por sus connotaciones políticas puedan ser constitutivos de propaganda electoral, sin que en ningún caso quede afectada la iniciación del acto de votación a la hora legalmente prevista ni la regularidad de dicho acto.

Ante la solicitud de una formación política de que se retiren de un Colegio electoral los símbolos religiosos, la Junta de Zona correspondiente recibió la consulta del presidente de la mesa y la elevó a la central que, en Acuerdos de 9 de junio de 2004 y 29 de noviembre de 2006, recordó que «los locales que se utilicen como Colegios electorales no tienen obligación de hacer desaparecer u ocultar los elementos que habitualmente se encuentran en los mismos y que no sean deliberadamente colocados el mismo día de la votación con el fin de realizar campaña electoral».
En fin, conforme al artículo 94 LOREG «cualquier incidente que hubiera afectado al orden en los locales de las Secciones, así como el nombre y apellidos de quienes lo hubieran provocado, serán reseñados en el acta de la sesión» (a la que se refieren los artículos 99 y 100 del mismo texto legal). El reflejo de los incidentes puede ser simple o escueto, aunque lógicamente habría de describir su hipotética influencia sobre el curso de la votación.

Enrique Arnaldo Alcubilla

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