Enrique Arnaldo Alcubilla Blog Personal

Articulo sobre el derecho de sufragio pasivo de los policias locales

Vamos a publicar la segunda parte de este artículo de Enrique Arnaldo Alcubilla sobre los policias Locales. La primera parte la puedes leer aqui.

Su continuacion:

II. EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DE LOS POLICÍAS LOCALES
1. Para ser elegible se requiere ser elector y no estar incurso en ninguna de las causas de inelegibilidad que la Ley establece, concretamente en el artículo 6 (LA LEY 1596/1985) de la LOREG en relación con el conjunto de los procesos electorales y sin perjuicio de las específicas para las elecciones generales, locales y europeas previstas en la parte especial de la LOREG, en concreto, y respectivamente, en los artículos 154 (LA LEY 1596/1985), 177 (LA LEY 1596/1985) y 210 (LA LEY 1596/1985).
El artículo 6.1.i) (LA LEY 1596/1985) de la LOREG dice que son inelegibles: «Los militares profesionales y de complemento y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo». A tenor del artículo 2.º (LA LEY 619/1986) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, éstas están formadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación y por los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales. En consecuencia son inelegibles para cualquier cargo representativo los componentes de cualquiera de esos cuerpos, siempre que estén en la situación administrativa de activo o equiparada a la de activo.


Durante el proceso electoral local y autonómico de mayo de 1991 se plantearon a la Junta Electoral Central diversas consultas sobre la inclusión o no de los policías locales dentro de esa causa de inelegibilidad absoluta que contiene en artículo 6.1.i) (LA LEY 1596/1985) de la LOREG. La Junta Electoral Central resolvió las consultas formuladas declarando la inelegibilidad que se extiende no solamente al municipio en que presta su servicio el policía sino a todo el territorio nacional. El fundamento o causa última de este extremo rigor respecto de los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se encuentra en el principio básico que ha de presidir su actuación: «Actuar en cumplimiento de sus funciones con absoluta neutralidad política e imparcialidad» [artículo 5.1.b) (LA LEY 619/1986) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo]. La doctrina de la Junta Electoral Central se ha venido repitiendo en ulteriores procesos, debiendo citarse, entre otros, los Acuerdos de 9 y 20 de abril, 13 de mayo y 29 de junio de 1999, 20 de enero de 2000 y 24 de abril de 2002. Mediante Acuerdo de 21 de abril de 2003 se aclara por el órgano supremo de la Administración Electoral que los facultativos y técnicos de los Mossos de Escuadra en activo que tengan la condición de policía de acuerdo con las normas de provisión de dichos puestos que se establecen por la Ley 10/1994, de 11 de julio (LA LEY 3550/1994), de Policía de la Generalidad de Cataluña, son asimismo inelegibles en términos absolutos, es decir, en todo el territorio nacional. Persisten, pues, las razones que la Junta Electoral Central advirtió en 1991, de forma que los integrantes de todas las Policías no pueden presentar su candidatura a cualesquiera elecciones sin previa renuncia o sin previo pase a una situación administrativa diferenciada de la del servicio activo, cual sería la de excedencia voluntaria (Acuerdo de la Junta Electoral Central de 8 de marzo de 2007).
2. Sobre esta cuestión tuvo ocasión de pronunciarse el Tribunal Constitucional en la Sentencia de 16 de septiembre de 1991 (LA LEY 1792-TC/1991), que fue dictada como consecuencia del recurso de amparo interpuesto por el representante de una agrupación electoral que concurrió a las elecciones a un ayuntamiento de la provincia de Barcelona. A grandes rasgos los hechos fueron los siguientes: la Junta Electoral de Zona proclamó la lista de candidatos de esa agrupación electoral y tras las elecciones proclamó como electo al primero de la lista de esa entidad política, primero de la lista que era policía municipal del propio ayuntamiento al que presentaba su candidatura. La Junta Electoral Provincial de Barcelona revocó el acuerdo de proclamación como electo, revocación que fue confirmada por la Junta Electoral Central y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, en última instancia, por el Tribunal Constitucional.
La condición de policía municipal del primer candidato y después electo no fue apreciada por la Junta Electoral de Zona en el momento de proclamación de las candidaturas ni en la proclamación de los concejales electos. La apreciación ulterior por la Junta Electoral Provincial de Barcelona dio lugar a la revocación del acuerdo de proclamación como electo al entender, según el Tribunal Constitucional, «de modo razonable que la misma se encontraba viciada de raíz al incurrir el recurrente en la causa de inelegibilidad prevista en el artículo 6.1.i) de la LOREG». Para el Alto Tribunal no se aprecia en ese acuerdo de revocación ninguna lesión del artículo 23.2 (LA LEY 2500/1978) de la Constitución en la actuación de la Junta Electoral, ni siquiera en la de Zona ante la que el candidato, después electo, formuló declaración escrita de no estar incurso en ninguna de las causas de inelegibilidad legalmente previstas, concluyendo el Alto Tribunal que: «Sólo a la actitud del recurrente es imputable la revocación de su proclamación como concejal electo, pues con su censurable conducta indujo a error a la Administración Electoral ocultando la concurrencia de una causa de inelegibilidad e impidiendo su hipotética subsanación. Tras ello lo único que ha sucedido es que los poderes públicos se han limitado a concretar los efectos de un vicio de nulidad que, una vez conocido, se proyectaba sobre el resto del proceso electoral en lo atinente a la elección y posterior proclamación del electo como concejal». La inelegibilidad afecta, pues, al acto electoral en su raíz, de forma que el inelegible proclamado erróneamente, por inadvertencia, no puede de ninguna manera tomar posesión de un cargo para el que está inhabilitado ex lege.
3. En virtud de tal condición de inelegibilidad puede excusar la aceptación del cargo de miembro de mesa electoral (artículo 27.2 (LA LEY 1596/1985) LOREG), si bien no se le inhabilita para ser interventor o apoderado (artículos 76 (LA LEY 1596/1985) y 78 (LA LEY 1596/1985) LOREG) lo que no deja de implicar una cierta contradicción, aunque el principio de neutralidad política que ha de presidir su actuación hace aconsejable que no actúe en alguna de esas condiciones de fiscalizador de parte de una candidatura.
Hay que tener, por lo demás, en cuenta que el artículo 52 (LA LEY 1596/1985) de la LOREG prohíbe a todo miembro de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otros, «difundir propaganda electoral o llevar a cabo actividades de campaña electoral», lo que es consecuencia del reiterado principio de neutralidad política, y sin perjuicio, por supuesto, del derecho a la libre expresión de las ideas sin traspasar los límites derivados del estricto respeto este principio, bien entendido que le están vedado participar o realizar cualquier actividad de campaña electoral partidista, como recuerda la Junta Electoral Central (Acuerdo de 17 de abril de 1991). Su deber es, pues, abstenerse de cualesquiera actos de propagan electoral.

Enrique Arnaldo Alcubilla

 

Letrado de las Cortes Generales. Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos. Abogado
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Nº 4, Sección Colaboraciones, Quincena del 28 Feb. al 14 Mar. 2008, Ref. 637/2008, pág. 637, tomo 1, Editorial LA LEY

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